Las 27 agrupaciones políticas inscritas ante el Tribunal Supremo Electoral –TSE-, habrán podido gastar alrededor de Q1 mil 309 millones 500 mil, cuando concluya la campaña proselitista. Foto: AGN

Junio 3 del 2011 (Silvia Chután/AGN).- El gasto propagandístico que realizarán los partidos políticos durante el proceso electoral 2011, cuyo techo presupuestario es de Q48 millones 521 mil 29 con 24 centavos por cada agrupación, podría utilizarse para financiar las principales necesidades de la población en salud, educación y seguridad.

Las 27 agrupaciones políticas inscritas ante el Tribunal Supremo Electoral –TSE-, habrán podido gastar alrededor de Q1 mil 309 millones 500 mil, cuando concluya la campaña proselitista.

Es claro que no todos los partidos en contienda, podrán erogar la totalidad del monto límite establecido, en sus respectivas estrategias publicitarias, sin embargo, aún no existe un mecanismo que garantice que ninguna agrupación sobrepase el límite.

Podrían pagar el salario de 27,281 agentes de la PNC durante un año

De esa cuenta, el gasto global estimado que podrían erogar todos los partidos podría utilizarse para pagar el salario de 27 mil 281 agentes de la Policía Nacional Civil –PNC-, durante un año o el de 327 mil 375 durante un mes. En promedio un policía gana Q 4 mil mensuales.

En el caso de salud, un médico general devenga entre Q8 mil y Q10 mil mensuales, lo que representa que los Q1 mil 309 millones gastados en propaganda por todos los partidos, podrían cubrir el pago de 13 mil 640 galenos en 12 meses.

En educación estos fondos se podrían invertir en la contratación anual de 44 mil docentes de clase A, 35 mil 200 en la B, 29 mil 334 en la C, 25 mil 144 en la D, 22 mil de la E o 19 mil 556 en la F, según el salario recibido por el escalafón en el que se encuentre.

Preocupación por el origen de los fondos

En su lugar, los recursos se usarán para difundir anuncios en televisión, radio medios escritos, electrónicos, y en vallas publicitarias, así como en para la elaboración de playeras, gorras, llaveros, banderas y todo tipo de objetos para promocionar a los candidatos a cargos de elección popular.

El analista José Carlos Sanabria, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales –Asies- ve con preocupación que el financiamiento de las campañas masivas supere los límites establecidos, así como el origen privado de muchos de estos fondos, lo que hace que los partidos respondan a las condicionantes de sus financistas.

Respecto a estas comparaciones, opina que la realidad socioeconómica requiere esfuerzos para la inversión en ámbitos de necesidad nacional, no únicamente gastos para partidos políticos, aunque estos están amparados por garantías constitucionales para realizar sus campañas libremente apegadas a lo establecido por la Ley Electoral y los límites de inversión.

“Una buena forma de reducir el gasto que realizan los partidos, sería que las campañas electorales duraran menos tiempo, como es el caso de otros países en los que el tiempo permitido para promoción de candidatos y partidos no se extiende y por lo tanto la inversión es mucho menor”, explica Marco Antonio Barahona, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos –Incep-, igualmente que las campañas inviertan estos fondos en la realización de debates ideológicos y no meramente mediáticos para crear conciencia de la problemática nacional.

Javier Brolo, analista político de Asies, indica que el máximo ente electoral en el país debe fortalecer su capacidad de fiscalización para que la procedencia de estos montos de inversión en campañas sea de conocimiento público, ya que el control del origen del financiamiento debe ser completamente transparente, lo cual en algunos casos se dificulta ya que algunos partidos políticos no demuestran voluntad para la entrega de reportes.

“Aunque el financiamiento del Estado sería ideal para estas actividades, también los financistas privados son importantes, y se podría llegar a un equilibrio, ya que en alguna medida la cuantificación de el aporte no únicamente es monetaria sino también en recurso humano o en especie” indica Brolo.

Existe una disyuntiva en cuanto a los tipos de financiamiento utilizados, ya sean exclusivamente público, el exclusivamente privado o de una dinámica mixta. El primero implica la que el Estado dote a los partidos de la totalidad de los fondos para su funcionamiento y competencia electoral.

Ello debería responder a tres ideas: favorecer la independencia de los partidos políticos en relación con grupos de interés; aumentar la equidad en los términos de participación de los distintos actores políticos; y facilitar el control sobre la materia de financiamiento por parte de los órganos pertinentes.

No obstante ello, la exclusividad de este tipo de financiamiento tiende a generar burocratización y anquilosamiento en los partidos, que al tener su ingreso seguro, tienden a reducir su dinámica interna.

El financiamiento privado deja a la capacidad de los partidos la obtención de los recursos para su financiamiento. Genera una necesaria y profunda dinámica interna de búsqueda de fondos, pero enfrenta el problema de que deja en manos de grupos de interés el acceso al poder formal. Este financiamiento tiende a fortalecer la influencia de grupos de interés en los partidos.

Frente a estos dos extremos, surge la tercera opción, que se refiere a un esquema de financiamiento mixto, este implica el establecer un financiamiento público para todos los partidos, a la vez que permite que cada partido refuerce su capacidad de funcionamiento y competencia mediante la consecución de fondos privados.

Los partidos en Guatemala, cuentan con un financiamiento de tipo mixto, que se cubre en aproximadamente un 90 por ciento del sector privado y únicamente un 10 por ciento de parte del Estado, que no se equilibra en lo absoluto.

“Esta situación da lugar a que los partidos busquen que más organizaciones y empresarios sean proveedores para sus fondos de campaña y actividades, pero esto les significa más compromisos con estos financistas”, comenta Manfredo Marroquín, Director de la Organización Acción Ciudadana.

Marroquín indica que uno de los peligros que en el financiamiento privado impere sobre el Estatal, es el escaso control que se tiene en materia fiscalizadora de parte del TSE, especialmente con el movimiento de fondos provenientes de actividades ilícitas.

“Esperamos que en esta ocasión la auditoría del TSE sea más efectiva, especialmente en cuanto a la inversión en publicidad, para que al realizar los contrastes con los informes de los partidos políticos del gasto en este rubro y los monitoreos que realicen grupos de sociedad civil, estos coincidan”, puntualizó.

En toda esta avalancha de mensajes publicitarios, melodías, rostros retocados digitalmente e historias contadas en comerciales televisivos; la población electoral se vería mucho más beneficiada si no sólo se promovieran figuras de candidatos o la afiliación a algún partido, si no enfocándose al fortalecimiento de la cultura democrática y de participación política.

El vacío en los planes de trabajo “exprés” presentados a la población en pequeños fragmentos publicitarios, tampoco colaboran al voto analítico e informado que deben tener los votantes, ya que se presentan propuestas de trabajo para las principales problemáticas del país, sin dar a conocer a la población las estrategias para hacerse de los recursos financieros necesarios para poder cumplirlas, las buenas intenciones no bastarán al momento de poner en acción las medidas necesarias para combatir los problemas de actualidad nacional.